La cuarta revolución industrial no consiste en el surgimiento de nuevas tecnologías, sino en que estas se conviertan en la infraestructura que soporta el funcionamiento de todas las cosas. En este contexto, una de las herramientas tecnológicas con mayor fuerza es la “cadena de bloques” o Blockchain, pues posibilita la creación, gestión y almacenamiento de información en grandes volúmenes. Se trata de un sistema de manejo de información completamente descentralizado, configurado de tal manera que es prácticamente imposible de hackear.
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Esta herramienta nació en 1991, pero no se popularizó hasta 2008, cuando Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, la usó como soporte para las transacciones de la mencionada criptomoneda. Su principal atractivo es que, debido a su estructura, la información es inmodificable en forma unilateral, lo que deriva en datos completamente transparentes y confiables. Cada bloque de información está compuesto por tres elementos:
i) la información a almacenarii) un número de identificación del bloque único e irrepetible (hash), creado a partir del contenidoiii) el hash del bloque anterior.
Esta estructura es la que garantiza la inmutabilidad de la información contenida en cada bloque, dado que, si hay una modificación, el hash también se modificará y automáticamente ese bloque será incompatible dentro de la cadena.
Aunque Blockchain se popularizó con Bitcoin, su aplicación puede es útil en otros escenarios, por ejemplo, para garantizar la transparencia en votaciones electrónicas, la autenticidad de registros médicos, bancarios y contratos electrónicos.
Una aplicación particularmente ventajosa está en el ámbito del gobierno, como estrategia para la lucha contra la corrupción, en pro de la transparencia en procedimientos y trámites. De hecho, Colombia ha dado algunos pasos en esta materia. En octubre de 2018, el Alto Consejero para la Innovación y la Transformación Digital del Estado informó que se estaba implementando un plan piloto para adoptar esta herramienta en la administración pública.
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En esta misma línea, la Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital desarrolló un documento base de política pública para la adopción de Blockchain en el país. El documento establece los principios y acciones a considerar para que la implementación sea exitosa. Estos principios están orientados, entre otras cosas, a la creación de confianza en la ciudadanía y sugieren que se deben tener en cuenta las particularidades de cada sector o actividad pública para que el proceso de descentralización se efectúe de forma ordenada y sistemática.
Sin embargo, la implementación de Blockchain supone varios retos. El más importante tiene que ver con las estrategias de formación y sensibilización, de forma que los ciudadanos dimensionen los beneficios que trae consigo la herramienta y puedan formar parte de esta revolución. Y es que, a pesar de que Colombia ocupa el segundo puesto en Latinoamérica en cuanto a la operación de Blockchain, después de Argentina, aún son pocas las personas con formación suficiente en áreas digitales y ciencia de datos, lo cual pone de manifiesto los vacíos en materia educativa en el país.
Así las cosas, el proceso de adopción de Blockchain no solo es una oportunidad para hacer frente al acelerado cambio técnico en el que viven las sociedades actuales, sino que permitiría encarar otros tópicos importantes que, hasta ahora, se han quedado rezagados en el país, como las reformas educativas y la lucha anticorrupción.