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Martes, 07 Enero 2020 11:51

¿Cómo Va Colombia Frente al Cumplimiento de los Objetivos de la OCDE?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encarga de promover políticas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Hasta mayo de 2018 estaba conformada por 35 países (desarrollados y en vía de desarrollo) que comparten pensamientos sobre las posibles soluciones para problemas comunes, a través del trabajo conjunto. Para que un país pueda ingresar a esta organización, todos los miembros deben aprobar su entrada. Dentro de las labores de la OCDE se encuentra la medición de la productividad, los flujos de comercio e inversión y el establecimiento de modelos estandarizados en aras de consolidar el mejor panorama de todos los sectores de la economía.

OCDE
Fuente imagen: Shutterstock

Hace más de siete años Colombia había buscado ingresar, pero tuvo que esperar hasta mayo de 2018 (¿Qué Tuvo que Hacer Colombia para Entrar a la OCDE?), momento en que todos los miembros aprobaron su entrada, convirtiéndose en el país número 36 y en el tercero de Latinoamérica, después de Chile y México. Para este fin, se avanzó de la mano del Departamento Nacional de Planeación, después de que el Congreso de la Republica aprobó dicho procedimiento.

Luego del ingreso, la OCDE le entregó al país una serie de requisitos que debía cumplir, dentro de los cuales se encontraban:

- Restricciones: eliminar algunas de las restricciones que todavía persisten en la regulación y en la legislación colombiana.
- Inversión: la OCDE considera que es necesario establecer políticas eficaces para atraer y fomentar la llegada de capital de todo el mundo.
- Conglomerados Financieros: crear una nueva legislación sobre los precios de transferencia y conglomerados financieros.
- Impuestos: cerrar la brecha a los evasores de impuestos.
- Mercado laboral: fortalecer las políticas que permitan la formalización de las nóminas y realizar un ajuste al sistema pensional.
- Comercio: desarrollar un paquete de reformas en materia de libre comercio y competencia leal.
- Medio ambiente: nueva regulación en materia de manejo de aguas residuales e incentivos tributarios para fomentar tecnologías más limpias y el aprovechamiento de residuos.
- Tecnología: creación de un regulador convergente y único para la industria de televisión y tecnologías de la comunicación.
- Propiedad intelectual: decretar una licencia obligatoria para los medicamentos de hepatitis C.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional revisó todos los requisitos procedimentales que debía cumplir la nación para oficializar el ingreso, dando luz verde el pasado 22 de octubre. Algunos de los cambios en las políticas que tuvo que realizar Colombia fueron:

1. Establecer nuevas regulaciones en los campos técnico, ambiental y de comunicaciones, entre otros.
2. Fortalecer el marco del comercio electrónico, las zonas francas, herramientas antidumping y de contrabando.
3. Establecer una regla fiscal, el aumento del IVA y la búsqueda de la reducción de los impuestos a las empresas.
4. Promover el ahorro de largo plazo en pensiones, la expansión de la cobertura y la sostenibilidad de los sistemas.
5. Fortalecer el régimen sancionatorio, sobre todo, la cartelización empresarial.
6. Adopción de nuevos mecanismos de selección independiente de los superintendentes Financiero, de Sociedades y de Industria y Comercio.
7. Expedir la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que incluyó: impuesto al carbono, bolsas plásticas en las grandes superficies e incentivos a proyectos de energía solar y eólica.
8. Modernizar regímenes de inversión extranjera con estándares internacionales y otorgar garantías a las instituciones financieras internacionales iguales a las compañías colombianas.
9. Desarrollar la ley de protección colectiva para aumentar las medidas a favor de los sindicalistas, siguiendo la promulgación de la OCDE del derecho a la libre asociación.
10. Crear la Dirección General de Participaciones Estatales para centralizar las empresas del gobierno, retirando los ministros y viceministros de las juntas directivas de las compañías del Estado.

Laura Acevedo Sánchez
Economista
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