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La Demora en la Reforma Tributaria, un Riesgo para el Grado de Inversión de Colombia

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A ninguna persona le gusta que le hablen de impuestos y menos cuando se trata de aumentarlos; las razones son múltiples y van desde la falta de conocimiento e información sobre el funcionamiento de la economía, hasta la desconfianza en la elite administrativa que, en el caso de Colombia, es elevada. Aun así, sin importar el motivo por el cual pagar impuestos no sea de total agrado, la reforma tributaria de la que se habla desde hace más de cuatro años es más que necesaria.

Fuente imagen: www.freeimages.com
Autor: Svilen Milev

La situación radica en que la actual coyuntura económica ha disminuido los ingresos del aparato administrativo nacional, como ocurrió con el petróleo, que en término de seis meses dejó de generar importantes recursos monetarios para el país. A lo anterior se suma el proceso de inversión que inició el presidente de la república en aras de mejorar la competitividad a nivel de infraestructura para fortalecer el comercio internacional; no en vano se están ejecutando inversiones en vías, aeropuertos y puertos. Pero este plan de inversión requiere recursos que han sido conseguidos a costa de la privatización de empresas, caso Isagen, y desde luego, de préstamos, fondos multilaterales y de la venta de los títulos de tesorería, TES (Ver: ¿Existe la Probabilidad de un Default en la Deuda Soberana de Colombia?).
Por esta razón el hueco fiscal que muestra la cuenta corriente al cierre del 2015 es cercano al 6,5% del PIB; en palabras resumidas, el salario del gobierno nacional no le alcanza para sobrevivir y eso explica que desde el inicio de 2014 la deuda externa de mediano y largo plazo venga mostrando un comportamiento incremental (Ver Gráfica 1). Lo complicado del asunto es que bajo la actual estructura tributaria no habrá capacidad de pagar deudas, implicando que tampoco habrá inversión estatal, lo cual resentiría aún más la economía del país en un momento donde toda la región se enfrenta a un duro choque por la devaluación de las monedas locales frente al dólar y a la caída del valor de los commodities. Eso sin contar los efectos naturales que por estos días se presentan en el región, bruscas variaciones climáticas y terremotos (Ver: ¿Qué Pasaría en Colombia con el Petróleo a U$20?).

Fuente: Datos de Banrep. Gráfica de Sectorial
De continuar bajo la actual estructura tributaria, para el 2017, Colombia perdería el grado de inversión que hoy, según Fitch Group, es BBB: “… emisores o emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto de otros del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas tienen una mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago oportuno que para obligaciones financieras calificadas con categorías superiores”. Y es esta situación la que le preocupa a gremios como: Fedesarrollo, Anif y Analdex, los cuales se han referido al tema, de igual forma que la Comisión de Expertos Tributarios, CET, argumentando que el presidente Juan Manuel Santos los ignoró durante su primer periodo presidencial y que ahora deberá escucharlos, pues perder el grado inversión significa asumir créditos con intereses superiores, empeorando el actual panorama (Ver: Ante el Incremento en Crédito Hipotecario, la Probabilidad de Impago Genera Dudas en la Economía Nacional).
De esta manera y siguiendo los campanazos de Standard and Poor’s y de otros expertos en el tema, la reforma tributaria estructural debe realizarse lo más pronto posible. Se hace necesario ver que planteamientos sigue y si se aceptan todos o solamente algunas de las propuestas que hasta la fecha están y que desde ya hablan del incremento y expansión en cobertura del IVA, del impuesto a la gasolina, cambios en los impuestos a las personas naturales y al impuesto empresarial, e incluso del fortalecimiento a la Dian. Esta tarea debe estar acompañada por todos los sectores de la sociedad, teniendo en cuenta que el 64% de la deuda externa total de mediano y largo plazo proviene del gobierno central, seguido por el 28% de las entidades descentralizadas nacionales, mientras que los municipios y entidades descentralizadas municipales deben el 5%.

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