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En Riesgo la Inversión Minera en Colombia, ¿Está Fallando la Institucionalidad?
Lunes, 17 Abril 2017 06:25 456 Visitas

Written by  Artículos Especiales

Mucho se ha dicho en relación a los resultados de la consulta minera que se llevó a cabo hace algunos días en el municipio de Cajamarca en el Tolima y en la cual la comunidad dejó en claro que rechaza los proyectos de explotación minera en la región. La consecuencia de dicho resultado repercutiría de forma directa sobre la compañía propietaria de la mina La Colosa: AngloGold Ashanti; sin embargo, sus implicaciones irían más allá de la simple materialización de la voluntad ciudadana y el incentivo creado para la realización de consultas populares en otras regiones del país, interviniendo en decisiones de tipo internacional, como la inversión extranjera directa. 

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 Fuente: Pixabay

Sobre el tema de la minería, varios aspectos salen a la luz. Por un lado, el historial del sector en términos del impacto ambiental y social en varias localidades ha sido nefasto. Basta ver los casos de Cerromatoso en Montelíbano, del Cerrejón en La Guajira y el tema del Petróleo en Arauca y Putumayo. En otras palabras, la reinversión en las áreas de explotación no son evidentes y parece seguir cumpliéndose la ley: “pueblo de minas, pueblo de ruinas”, mientras que la destrucción de las fuentes hídricas, la deforestación y las enfermedades humanas se convierten en el diario vivir.

Sobre este tema los argumentos se enfocan en diferenciar la minería legal de la ilegal, no obstante, los casos antes mencionados corresponden a empresas legalmente constituidas y el daño igual se evidencia, luego el argumento no es válido.

Por otro lado se encuentra la institucionalidad. Un factor que agrupa la debilidad de las instituciones nacionales y su mal proceder ético y moral, lo que no es otra cosa que la tendencia corrupta de lamayoría de la burocracia del país. Este factor dificulta diferenciar las concesiones entregadas en áreas donde realmente se podría efectuar la minería, de aquellas donde no, pero que se aprobaron gracias a la entrega de dádivas y otros favores en beneficio de un particular. Al no lograr diferenciar las licencias bien y mal otorgadas, es natural que se termine asumiendo una posición radical sobre el tema; así lo refleja el 97,92% obtenido en contra de la minería en las recientes votaciones de Cajamarca. Luego, la falta de confianza colectiva en los administradores del país y sus instituciones, eleva el radicalismo social, que es una simple respuesta a la ineficiencia de las entidades públicas. Sobre esta misma línea también quedaría justificada parte de la informalidad que se mueve en el sector e incluso parte del control que han tomado los grupos al margen de la ley en dicho sector, específicamente en la extracción de oro.

Además, y muy asociado al caso anterior, se encuentran las condiciones bajo las cuales se entregan las licencias y el seguimiento que se les realiza. Excluyendo la corrupción, queda el problema de las políticas contradictorias y mal diseñadas en torno al desarrollo de proyectos. Gran parte de la normatividad colombiana es obsoleta y llena de vacíos, factor que aprovechan las multinacionales. Así mismo, el seguimiento a las labores de prevención, recuperación de áreas y demás exigencias establecidas en los contratos son mínimas o nulas, y los castigos por violar las normas son muy bajos comparados con los ingresos generados por dicha violación; desde luego, cruzar la línea se torna conveniente, sin tener presente que ello implique la destrucción de capital social y la afectación de otros sectores económicos.

Después de analizar a grandes rasgos algunas de las causas que han llevado a que la sociedad le tome cierto tipo de resentimiento al sector minero, falta ver lo que implicaría la forma como lo refleja, en referencia al resultado de la consulta minera de Cajamarca, que tanta polémica ha ocasionado. En primer lugar, sobre su incidencia inmediata en las 19 licencias ya otorgadas en esa zona, no hay claridad. Las declaraciones del ministro de minas y energía, Germán Arce, fueron claras al decir que no son retroactivas. En otras palabras, sobre las licencias entregadas los resultados de la consulta minera no tendrían incidencia, un tema delicado teniendo en cuenta la validez del argumento de lacomunidad: la protección de tres afluentes hídricos: Bermellón, Anaime y Toche, que conforman el río Coello. A esto se le sumaria el hecho de ignorar la acción misma, teniendo en cuenta que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana válido en un estado democrático, como se supone lo es Colombia.

La segunda consecuencia es el camino que se abre en torno a la consulta popular en otras regiones del país. Entre los municipios que tomaron impulso se encuentran San Vicente y El Carmen de Chucurí, en Santander, los cuales se enfrentan a la explotación de carbón y a la utilización del fracking en la industria petrolera. Quinchía en Risaralda, sería otra municipalidad en proceso de evitar la explotación del oro, al cual le podrían seguir Pijao en el Quindío, El Paujil en el Caquetá y Marmato en Caldas, por mencionar algunos.

El tercer caso estaría ligado con la visión internacional, más cuando el país tiene sus expectativas puestas en minerales como el carbón y el oro para compensar parte de la pérdida de sus ingresos a causa de la caída en los precios del petróleo (Ver Gráfica 1). Sobre este punto el quiebre entre los intereses del Estado y los de la comunidad puede tener dos tipos de impacto. Por un lado, la huida de los inversores internacionales del sector, dada la incertidumbre jurídica y su inestabilidad. Por otro, “que se roben la presa mientras que los lobos se matan”, una réplica de lo sucedido con Panamá. Es decir, mientras que el gobierno y la sociedad no se organicen y dejen las reglas claras, las multinacionales continuarán su proceso extractivo sin cumplir con la escasa normatividad en temas ambientales y de paso riéndose en la cara de las comunidades afectadas.

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Fuente: Datos de Banrep. Elaboración de Sectorial.co

De esta forma, se observa que el problema no está en que las comunidades exijan condiciones de vida digna, ello incluye aire, suelos y agua limpia. Tampoco en que las multinacionales quieran invertir en el país en la explotación de minerales, cualquiera que este sea, al final se trata de una actividad económica. Acá el foco del problema es de tipo administrativo - institucional, la normatividad no es clara y aparte es contradictoria: primero se entregan las licencias sin realizar los procesos de socialización y estudios de impacto permitentes y que sean de calidad (el permiso de expansión del Cerrejón sin consulta previa a las comunidades aledañas constituye uno de los ejemplos recientes). A esto se le suma el problema crónico de la corrupción que obviamente las multinacionales no dejan de aprovechar. Finalmente, la minería no es malvada, lo salvaje está en la forma y la irresponsabilidad con que se realiza su explotación por falta de un ente de control idóneo que emita regulaciones benéficas para las tres partes involucradas: comunidad, Estado e inversionistas.

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