La corrupción es en la actualidad una de las principales preocupaciones de la población colombiana, recientemente se presentaron ante el congreso diferentes medidas legislativas para combatir este fenómeno.
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Dentro de estas medidas se destacaron:
La conformación de una red de denunciantes por medio de la generación de incentivos.
Eliminación de la casa por cárcel para los corruptos.
Obligación de que los entes territoriales publiquen los gastos, sin excepción, para que no haya fuga de recursos.
Bancarización del sistema de contratación del Estado.
Petición al Consejo de que la Judicatura tenga jueces especiales para casos de corrupción y delitos contra la administración pública.
Creación de un sistema integrado de información del posconflicto para que los ciudadanos le hagan seguimiento administrativo.
Contratación de 100 funcionarios para fortalecer el grupo anticorrupción de la Dijin.
Establecer normas claras de lobby, de tal forma que se evite que los intereses de los privados se crucen de manera indebida con las decisiones del Estado.
El presidente, Juan Manuel Santos, afirmó: “ahora que hemos terminado el conflicto con las FARC, debemos librar entre todos esta otra batalla difícil y compleja, pero igualmente necesaria: la batalla contra la corrupción”.
Sobre esto, el economista Gary Becker desarrolló una teoría económica del crimen, en el cual, destaca el supuesto de que los delincuentes responden, igual que el resto de los ciudadanos, a incentivos tanto positivos como negativos, y que el volumen de delincuentes está influenciado por la asignación de recursos públicos y privados.
La teoría del crimen se desarrolla desde cuatro focos:
Oferta: las preferencias del delincuente se modelan teniendo en cuenta el costo aproximado de lo que ganaría dedicándose a las actividades lícitas. Un aumento del 1% en la probabilidad de ser aprehendido genera un mayor efecto disuasivo de las sanciones. Los efectos del ingreso y del efecto sustitución son más ambiguos para los delincuentes gracias a su preferencia por el riesgo.
Demanda: los incentivos que funcionan para el delincuente se llevan a cabo por parte de los consumidores y las víctimas potenciales. Estos últimos con una demanda indirecta que resulta de la demanda por la seguridad, influenciando los ingresos marginales de los delincuentes.
Intervención pública: se procura de manera directa gravar los ingresos ilegales con una amenaza de castigo o programas de rehabilitación. Cualquiera de estas representa un costo para el Estado, por lo que el punto óptimo en el volumen de delitos debe encontrarse en un nivel donde se iguale el costo marginal al ingreso marginal de cada medida de aplicación. Al delincuente sólo le interesa el costo esperado de la detención, sin embargo, para establecer los beneficios netos pertinentes, se debe adoptar un criterio para la elección pública que determine los beneficios netos, con la maximización del beneficio social y la minimización de los daños ocasionados por los delitos.
Equilibrio de mercado: la eficacia de sanciones de disuasión se determinan por las elasticidades de la oferta y demanda de mercado y no solo por el conocimiento del impacto en delincuentes individuales. Lo único que distingue a los delincuentes del resto de los individuos es que ellos encuentran el óptimo en realizar actividades ilegales.
El análisis económico del crimen supone que los criminales miden costos y beneficios de sus acciones, no obstante, el crimen puede ser disuadido con políticas como aumentar las posibilidades de arresto y condena o que los delincuentes puedan acceder a un trabajo donde el beneficio neto sea mayor que el crimen. Por lo tanto, los criminales responden a los cambios en su entorno ya que se cometerán menos delitos si estos se vuelven más costosos.
En esta teoría, además, se proponen dos componentes básicos para el castigo: la severidad y la certeza; la primera de estas se refiere a la sanción final y la segunda a las probabilidades de captura y condena. En una sanción que no ocurre con certeza, el criminal enfrenta sólo una pena esperada, y esta termina siendo menor a la sanción real. Es por esto que en el país quedan tantos crímenes en la impunidad, ya que si bien se tiene en cuenta la severidad, no se considera la certeza, y según Becker ambas son necesarias a la hora de imponer un castigo.
Diagrama del modelo de Gary Becker. Fuente: Determinants of Crime Rates in Latin America and the World. Fajnzylber, Lederman y Loayza;1998.
Según este análisis, el castigo pretende un fin en sí mismo y la baja probabilidad de castigo en Colombia origina las altas tasas de impunidad, las cuales son mayores en comparación con países donde los potenciales criminales son disuadidos, entre otras cosas, por la mayor probabilidad de ser condenados.
La corrupción es un factor que impide el desarrollo y aumenta la pobreza. De acuerdo con las cifras presentadas por José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, las pérdidas por evasión fiscal global se acercan a los 3 trillones de dólares y gracias al plan Bolsillos de Cristal se han investigado 266 casos de corrupción en Colombia, de los cuales algunos serán revelados en los próximos meses.
Para el Estado representa un alto costo incrementar el nivel de vigilancia, por lo que se prefiere aumentar las cuantías de las multas. Sin embargo, este tipo de medidas no va a ser suficiente si la rentabilidad de la actividad ilegal sigue siendo mayor.
Ante este panorama, ¿Cree usted que las medidas presentadas en el foro “Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia” son suficientes para frenar las prácticas ilegales en el país?
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