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Tierras: entre Historia, Concentración, Contradicciones y Crecimiento (Parte 2: Contradicciones y Crecimiento)
Miércoles, 23 Agosto 2017 04:58 198 Visitas

Written by  Artículos Especiales

Siguiendo la secuencia de la primera parte de este artículo (Tierras: entre Historia, Concentración, Contradicciones y Crecimiento (Parte 1: Historia y Concentración), queda una pregunta: ¿Dónde engrana el gobierno nacional? Como ente de representación social, se encuentra buscando la manera de satisfacer a cada uno de los grupos de interés. Una movida que realiza direccionada a aumentar los ingresos para sostener un andamiaje débil y de cuestionable reputación. He aquí la aparición de políticas contradictorias.

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Fuente: Pixabay

Entre las estrategias establecidas por el gobierno nacional e involucradas con el sector rural se destacan: Colombia Siembra, Ley Zidres, asignación de títulos mineros, delimitación de los páramos y demás áreas de sensibilidad ambiental, la Ley de Tierras como punto del proceso de paz con las FARC, los PINES, la asignación de áreas aptas para la explotación turística y la protección de áreas de resguardos y comunidades indígenas.

Así, Colombia Siembra va direccionada a ampliar el impacto de algunos cultivos entre los que cuentan el maíz y el arroz, este último en el ojo del huracán, ya que, si bien se amplió su producción, hay una estructura oligopólica en los molinos, luego la política no está completamente estructurada. En cuanto a los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, Pines, direccionados a disminuir los trámites y procesos de licencias ambientales, adquisición de predios y consultas previas, se cruzan con las zonas designadas como protegidas, bien sea por ser parte de resguardos indígenas o de sensibilidad ambiental. Se aclara que los Pines incluyen una administración especial en proyectos productivos de mango, aguacate, fresa y piscicultura, entre otros. Un caso similar pasa con las licencias que se entregan para la explotación turística.

Viene luego una de las políticas más polémicas, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres, donde un ejecutor (inversionista) puede comprar, arrendar, asociarse, entre otros, hasta completar el área que requiera para su proyecto, es decir, no hay límites como la UAF. Entonces, ¿quién garantiza el sano proceder de los inversionistas y quién ampara al campesino? más aún si estas zonas están proyectadas a establecerse en las regiones aisladas de centros urbanos, que carecen de infraestructura, y que en general requieren de grandes inversiones para su desarrollo.

Por último está la Ley de Tierras, que es el primer punto de los Acuerdos de la Habana entre el gobierno y las FARC. Dicha ley contempla algunos consensos, entre los cuales resaltan: puesta en marcha del Fondo de Tierras para que el Estado entregue 3 millones de hectáreas que ha conseguido mediante compra o extinción de dominio a narcos para proyectos productivos de campesinos; definir quiénes son los beneficiarios de la reforma agraria; crear un registro para formalizar a tales beneficiarios; unificar las formas de acceso a las tierras y asignar títulos a personas que están en reservas forestales para que legalicen sus propiedades, con condiciones especiales de protección al medio ambiente.

En el papel el ideal es perfecto. Sin embargo, no existe un inventario fortalecido sobre la tierra, cuál es de protección, cuál es productiva, cuáles tienen títulos definidos y cuáles no, pero debería. Tampoco de cuál es la tierra despojada y a quién le pertenecía; dónde se pueden entregar los títulos mineros y de explotación turística y dónde no. Si no se conoce lo que se va a distribuir, ¿qué y cómo se va a distribuir? A esto se le suma el hecho que las instituciones no tienen concordancia, algunas corporaciones autónomas regionales, CAR, delimitan áreas y las tienen como zonas de reserva, cuando la ANLA ya ha entregado títulos mineros, o viceversa. Luego está el factor más contradictorio: suponiendo que se tiene el inventario de tierras disponible, cómo se va a realizar la restitución de tierras, cómo se espera inversión en las zonas más lejanas del país, cómo se entregarán tierras a desmovilizados de las FARC, si el país está inundado de otros grupos al margen de la ley: los Pelusos, el ELN, el Clan del Golfo, La Empresa, disidencias de las FARC y las demás bandas delincuenciales que tienen mayor control que las mismas fuerzas del Estado.

Paradójicamente, en medio de las contradicciones político-administrativas que soporta el agro a nivel nacional, es el sector que continúa sacando la cara por la economía del país, en un momento tan difícil como el actual. Comparando el primer trimestre de 2017 con el primero de 2016, el crecimiento fue de 6,6%, mientras que, comparando los segundos trimestres, el crecimiento fue del 4,4%, en ambos casos el mejor desempeño dentro de los macrosectores.

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Fuente: Dane. Modificación de Sectorial.co

Por otro lado, a nivel de exportaciones, el agro también es altamente representativo y más ahora con los precios del petróleo. Líneas económicas como el café, el banano, la floricultura y la ganadería (láctea y cárnica) tienen los mayores impactos sobre el área rural, y, sin contar la parte agroindustrial, los siguen la caña de azúcar y la palma africana. Así mismo, con los recientes proyectos adelantados por el gobierno nacional, los cuales ya fueron mencionados, toman fuerza líneas como el aguacate, el cacao, el arroz, el maíz, la fresa, la papaya, el cultivo de búfalos y la piscicultura.

Finalmente, como punto importante quedan los cultivos de pancoger: aquellos que no se comercializan, pero que sirven de sustento a un sin número de campesinos, a los que no les preocupa el dinero, a muchos ni la política y menos los conflictos diplomáticos entre países. Solo quieren que se les respete ese espacio llamado finca, lote, parcela o como quiera que se le conozca; no desean tampoco sentir la presión de los grandes gremios económicos agrícolas, que llegan amenazantes a la puerta de sus predios. Incluso, en algunas partes del país la minería les desagrada. Con mayor profundidad, quieren en medio de su vida campesina, sentirse seguros, sin el yugo de cuerpos armados represivos de cuanto bando aparece, incluido el político legalmente constituido y el político filtrado por la droga y demás estructuras que basan su valentía en la tenencia de un arma.

Le queda al gobierno central velar e implementar políticas de inclusión campesina, desarrollar vías de acceso para restarle espacio a los cultivos ilícitos, agilizar la penetración del internet y demás medios de telecomunicación, ofrecer seguridad en el campo para que haya incentivos a capitalizar, crecer e innovar, de otra forma tener riqueza en el campo colombiano será sinónimo de muerte, narcotráfico o corrupción. En definitiva, es función del gobierno e instituciones allegadas implementar una reforma agraria a profundidad, que elimine la presión de los grupos de interés sobre la posesión de la tierra, para lo cual se requiere: conocer el territorio nacional y los problemas del sector rural, tomar medidas de impacto de forma imparcial con instituciones bien estructuradas, trabajar en la titulación de tierras y velar por la defensa legítima de la propiedad privada; de esta forma, se alcanzará un campo que no solo crece, sino que también se desarrolla.

Esta es la fotografía del agro nacional, una elevada concentración de la propiedad, millones de hectáreas despojadas a los campesinos, baldíos del Estado ocupados ilegalmente, más de la mitad de los predios sin títulos y escasa información catastral. Un mercado donde pescan, a través de proyectos del Estado, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, avivatos y compradores de buena fe, dando origen a una guerra de demandas, reclamos y muertos en manos de ilegales y legales camuflados.

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