Fuente imagen: Pxhere
En un comunicado dirigido a la Agencia Nacional de Minería, el Grupo Prodeco, en cabeza de su presidente Xavier Wagner, solicitó a la entidad autorización para suspender sus actividades en las minas de carbón Calenturitas y La Jagua, en el departamento del Cesar, argumentando que la revisión de las estructuras de costos, los procesos y el ambiente de los mercados, derivó en un cambio significativo de la perspectiva económica del negocio.
Sin embargo, en el comunicado se aclara que mientras se resuelve la situación, continuarán con las actividades de mitigación ambiental, mantenimiento y protección de activos y el embarque de carbón para el cumplimiento de sus obligaciones; el comunicado también hace referencia a aprobaciones pendientes de tipo administrativo, como el fallo de tutela del Tribunal Administrativo del Cesar, que fue confirmado por el Consejo de Estado, prohibiendo a Prodeco utilizar un área para depósito de material estéril hasta tanto no se delimite el territorio ancestral de la comunidad étnica Yukpa y se defina si este territorio se traslapa o no con el área del proyecto, la demarcación le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, la cual indicó que el proceso tardará al menos cuatro años.
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En un comunicado dirigido a la Agencia Nacional de Minería, el Grupo Prodeco, en cabeza de su presidente Xavier Wagner, solicitó a la entidad autorización para suspender sus actividades en las minas de carbón Calenturitas y La Jagua, en el departamento del Cesar, argumentando que la revisión de las estructuras de costos, los procesos y el ambiente de los mercados, derivó en un cambio significativo de la perspectiva económica del negocio.
Sin embargo, en el comunicado se aclara que mientras se resuelve la situación, continuarán con las actividades de mitigación ambiental, mantenimiento y protección de activos y el embarque de carbón para el cumplimiento de sus obligaciones; el comunicado también hace referencia a aprobaciones pendientes de tipo administrativo, como el fallo de tutela del Tribunal Administrativo del Cesar, que fue confirmado por el Consejo de Estado, prohibiendo a Prodeco utilizar un área para depósito de material estéril hasta tanto no se delimite el territorio ancestral de la comunidad étnica Yukpa y se defina si este territorio se traslapa o no con el área del proyecto, la demarcación le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, la cual indicó que el proceso tardará al menos cuatro años.
