Por medio de la Rueda de Innovación y Sostenibilidad, el Instituto Nacional de Vías presentó cerca de 160 propuestas que podrán ser aplicadas para la construcción de vías incorporando las nuevas tecnologías como concretos luminosos. En este encuentro fueron participes empresas nacionales, extranjeras y personas naturales con proyectos de investigación.

Con el fin de resolver las concesiones que no tuvieron avance en obras, el Ministerio de Transporte se dio a la tarea de resolver estos problemas con los contratistas. De los 30 proyectos de las vías de cuarta generación, solo 15 tuvieron cierre financiero, de manera que se espera que para febrero de 2019 esta cifra llegue a 21.

De acuerdo con Juan Esteban Gil, director general del Invías, son 26 las carreteras de programas pasados que se encuentran inconclusas. Por ello, se desarrollaron 15 estrategias por un valor estimado de $2 billones de pesos. Además, se creará una unidad para vigilar avances en la Ruta del Sol II y el túnel de La Línea con ingenieros especializados, gestión social, ambiental y predial e interventoría. Para terminar el túnel de La Línea se espera aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2019 para ejecutar las obras que faltan.

En los últimos días, la Agencia Nacional de Infraestructura ha tenido varias visitas de representantes de concesionarios que se reúnen con delegados del gobierno para definir soluciones que apresuren los proyectos de infraestructura vial.

En la Reunión del Concreto, en una entrevista a Diego Jaramillo, el director de pavimentos de la Federación Iberoamericana de Concreto, se refirió a las ventajas de utilizar este insumo en las carreteras y vías de la ciudad en vez de asfalto, trayendo beneficios como ahorro de combustibles, menor deterioro y un requerimiento de mantenimiento más bajo. Esto trayendo una tendencia para la construcción, beneficiando la industria de cemento ya que es un material utilizado en el concreto.

En el empalme con el gobierno anterior, el Ministerio de Transporte recibió 31 tribunales de arbitramiento en marcha y 12 más que iniciarán en los próximos días, de los cuales en la mayoría están implicadas las vías de cuarta generación, generando gastos para la ANI de $90.000 millones anuales aproximadamente afectando la ejecución de los proyectos por parte de las concesiones.