Son 82 empresas de energía, entre generadoras, transmisoras y distribuidoras, las que se sumaron al Pacto por la Justicia Tarifaria que presentó en septiembre la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con el fin de reducir las tarifas de los consumidores.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), expidió una resolución en la que aclara que el indexador con el que aumentan el precio de la energía comprada por contrato, debe ser el menor entre el IPC e IPP y con un mínimo del 0%. Jorge Valencia, director de la Creg aseguró que esta medida ayudará en el corto plazo a reducir el efecto inflacionario que se ha evidenciado, ya que los contratos se solían indexar con el IPP, pero este es un índice que ha estado muy expuesto a variaciones debido a factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania.
Según los cálculos de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), si se adoptan estas medidas en conjunto, la disminución en las tarifas estaría entre el 4 y el 8 % según la zona del país. La reducción la empezarían a percibir los consumidores a partir del mes de noviembre.
